El Consejo Fiscal de Dinamarca ha propuesto un nuevo marco para gravar las criptomonedas, sugiriendo que las ganancias y pérdidas no realizadas en activos criptográficos podrían estar sujetas a impuestos a partir de 2026. Esta recomendación forma parte de un informe exhaustivo de 93 páginas que aborda cómo deben tratarse los activos criptográficos bajo la legislación fiscal danesa.
En su análisis, el Consejo evaluó tres modelos de tributación potenciales: impuesto sobre las ganancias de capital, tributación de almacenes y tributación de inventarios. El enfoque preferido parece ser la tributación de inventarios, que clasificaría la cartera total de criptomonedas de un inversor como una única unidad, sujeta a impuestos anuales, independientemente de si los activos se han vendido dentro de ese periodo.
El informe destaca los desafíos que los inversores de criptomonedas daneses han enfrentado bajo el actual sistema de impuesto sobre las ganancias de capital, lo que ha llevado a percepciones de trato injusto. Al cambiar a la tributación de inventarios, el objetivo es crear un método más sencillo para gravar las tenencias de criptomonedas. Esto significaría que los individuos podrían enfrentar obligaciones fiscales tanto sobre ganancias como pérdidas no realizadas, similar a otros activos financieros como acciones y bonos. Sin embargo, la discusión sobre cómo se podrían aplicar retroactivamente las nuevas reglas a las tenencias actuales sigue siendo vaga.
Además, las recomendaciones exigen requisitos de informes mejorados para los proveedores de servicios de criptomonedas, como intercambios y empresas de pago. Estas entidades tendrían que proporcionar información transaccional detallada que sea de fácil acceso en toda la Unión Europea.
Si bien el Ministro de Hacienda danés ha expresado la necesidad de regulaciones más claras, el proyecto de ley propuesto no llegará al Parlamento danés hasta principios de 2025, y si se aprueba, se espera que entre en vigor no antes del 1 de enero de 2026. Estos desarrollos en Dinamarca reflejan una tendencia global más amplia, ya que varias jurisdicciones exploran regulaciones fiscales más estrictas tanto sobre criptomonedas como sobre activos financieros tradicionales.
